Los DDHH en Venezuela

…Considerando esencial que los DDHH sean protegidos
por un Régimen de Derecho, a fin de que el hombre
no se vea compelido al supremo recurso de la
rebelión contra la tiranía y la opresión…
Preámbulo
Declaración Universal de los DDHH
10 diciembre 1948 _ 10 diciembre 2009
LXI aniversario

Ante el asesinato de otro manifestante en los últimos seis meses y la represión a la marcha de la CTV: La CONADDHHBR exige al Gobierno Nacional garantizar el respeto al derecho a la vida y a la manifestación pacífica.
Desde la CONADDHHBR condenamos categóricamente al Gobierno Nacional por la ejecución-asesinato por parte de fuerzas policiales y militares contra cinco manifestantes en los últimos diez meses, así como por la represión desproporcionada contra los ciudadanos que marcharon atendiendo a la convocatoria de la CTV para el primero de mayo de 2009. Como no debemos olvidar, la muerte del estudiante Douglas ROJAS JIMÉNEZ (19), ocurrida el 10.07.08, por un impacto de metra en la cabeza y por la cual el Ministerio Público imputó el 22.07.08 a cuatro funcionarios de la Policía de Mérida.
· El 03.11.08 fue asesinado el estudiante de quinto año de bachillerato Mervin Alexis CEPEDA, quien recibió una herida de bala en el pecho, siendo señalados Funcionarios de la Guardia Nacional y Policía del Estado Bolívar como responsables de este acto.
· El 29.01.09 fueron asesinados por policías adscritos a la gobernación del Estado Anzoátegui los trabajadores Gabriel Marcano Hurtado y Pedro Suárez, cuando realizaban una toma pacífica de las instalaciones de la ensambladora MMC Automotriz.
· La muerte del estudiante Suban Ortega presidente de la Federación de Centros de Estudiantes del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido (IUTE).
· La salvaje y tumultuaria agresión contra los militantes de AD y demás sectores políticos de la oposición por parte de las bandas armadas del PSUVE, protegidas por la Policía Municipal, al servicio del Alcalde del Municipio Anaco en el Estado Anzoátegui, cuando el pasado sábado 22 de mayo 2009 se disponían a celebrar una actividad política en el local de AD.

Junto a estas ejecuciones de manifestantes, la sistemática represión contra las marchas pacíficas y la intolerancia política contra la disidencia, se suma la criminalización de la protesta. Tanto el Ministerio Público como los tribunales penales se han convertido en instrumentos de represión. Los tribunales penales se llenan de juicios penales contra luchadores sociales. El movimiento campesino Jirajara denunció el pasado 20 de abril que cerca de 1.600 campesinos están sometidos a régimen de presentación en tribunales penales. Aproximadamente 300 estudiantes son sometidos a juicios penales incluyendo a adolescentes, cerca de 100 trabajadores y trabajadoras permanecen sometidos a régimen de presentación y un número no determinado de luchadores sociales de las comunidades populares del país. Por otra parte, más de 80 trabajadores, en todo el país, están sometidos a dicho mecanismo represivo judicial. Todo ello configura un cuadro de represión que cercena el derecho a la vida y a la manifestación pacifica en Venezuela. La criminalización de la protesta y la obstaculización de las manifestaciones pacíficas debilita la capacidad de las personas, sobre todo de los más pobres, en exigir sus derechos ante la ineficiencia e ineficacia de las instituciones del Estado o ante las violaciones de derechos conquistados tal como viene ocurriendo en el campo sindical con las contrataciones colectivas. La represión contra las manifestaciones y la intolerancia política contra la disidencia generan un clima de zozobra y violencia que aniquila la tranquilidad ciudadana y atenta contra la convivencialidad democrática. Las ejecuciones contra cinco manifestantes son prueba fehaciente de que el Estado venezolano no ha construido ni ha aplicado una política democrática de control de orden público. Mientras esa tendencia persista se mantendrá el riesgo de que la lista de víctimas aumente. En tal sentido, seguimos levantando la voz para exigirle al Gobierno Nacional que, junto el resto de los Poderes Públicos y en obligatoria consulta de la sociedad civil, garantice la no utilización de armas de fuego ni bombas lacrimógenas en el control de manifestaciones, de conformidad a lo establecido el artículo 68 de la Constitución.
A tales efectos, La CONADDHHBR exige además a todos los Poderes Públicos:
1.- Que el Ministerio Público cumpla con sus atribuciones legales y establezca responsabilidades en el asesinato del estudiante Suban Ortega2.- Que todas las autoridades nacionales, estadales y municipales garanticen el respeto y cumplimiento del Mandato Constitucional relativo al libre ejercicio del derecho a manifestar pacíficamente.
3.- Que el Gobierno Nacional ordene a todos sus cuerpos policiales cumplir incondicionalmente con el Mandato previsto en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que “prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas"
4.- El cese inmediato a la criminalización gubernamental de la protesta.
5.- Condenamos la práctica de la Defensoría del Pueblo en su nefasta política que avala la creciente criminalización gubernamental de la protesta y el asesinato de manifestantes.
6.- Condenamos la intolerancia política contra la disidencia
7.- Condenamos la Impunidad gubernamental como práctica y mecanismo de protección para los funcionarios policiales y militares incursos en violación a los DDHH.

De allí, que desde el punto de vista de los DDHH estamos llamados a hacer un correcta caracterización, ubicando en tal sentido el carácter autocrático, militarista y discriminatorio del Gobierno Nacional. Ha manifestado el Presidente la necesidad de llamar al debate, y a renglón seguido clarifica que él comanda una revolución armada, lo que se entiende como una evidente amenaza contra todo aquel que disienta.
Ello pone a la orden del día el desarrollo ascendente para la confrontación política entre los venezolanos, cerrando los espacios democráticos y creando caos en los pocos espacios de diálogo.
Por otro lado, la orden presidencial de evitar que los consejos comunales, obreros, estudiantiles, profesorales y campesinos caigan en manos o sean dominados por los sectores de la oposición, evidencia de manera taxativa que no existe intención democrática alguna de abrir o crear espacios para la participación ciudadana y soberana del pueblo, sino que por el contrario, se impone convertir estos organismos en imagen y semejanza corporativa paraestatales que garanticen el control absoluto de la ciudadanía, y no que la población impulse y desarrolle el control social. De allí se deriva, que más que el legítimo ejercicio del “Poder Popular” lo que se pretende es la estricta sumisión del ciudadano a los dictados y mandato directo del Presidente.

La asignación a la FAN Bolivariana de la “participación permanente en tareas de mantenimiento de la seguridad ciudadana” y la formación de cuerpos policiales con la Guardia Territorial Bolivariana (Art. 328 Ref. Const.) representa un gravísimo peligro contra los estándares internacionales sobre DDHH en materia de seguridad ciudadana. Cabe señalar que los Órganos internacionales de DDHH como la Comisión Interamericana de DDHH, la Corte Interamericana de DDHH y los Organismos de la ONU, vienen sosteniendo la obligación del Estado de garantizar la vida, la integridad personal y los bienes de las personas, a través de la organización de su policía de carácter civil y una integral política de seguridad ciudadana.
La reducción de la jornada laboral a 6 horas y la ampliación de la seguridad social a los trabajadores no dependientes son deudas que tiene el Gobierno y la AN con el pueblo trabajador, y únicamente se requiere de voluntad política de los gobernantes para que se transformen en ley nacional. Por ello las ONGs, de DDHH, los Partidos políticos, los sindicatos y sociedad en general organizada debemos exigir al Presidente hacer uso de la Ley Habilitante y ordene ya firmando un decreto / ley reduciendo la jornada a 6 horas y que se incorpore también la retroactividad de las prestaciones sociales.
Desde la convicción democrática que anida en las ONGs. De DDHH y en las mayorías del pueblo venezolano las políticas que el Gobierno Nacional viene implementando de manera autoritaria deben ser debatidas amplia y democráticamente pero también rechazada de manera categórica en todas sus expresiones retrogradas que amenazan la democracia, la autonomía, la descentralización, y los DDHH que son Innatos y Universales, Inalienables e intransferibles, acumulativos, imprescriptibles, e irreversibles, inviolables, obligatorios, trascienden las fronteras nacionales, indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables.
En definitiva la política gubernamental impuesta hasta ahora ha creado las bases para la institucionalización sistemática de la violencia política en contra de la disidencia. En contraposición a ello, todas las ONGs y defensores y defensoras de los DDHH debemos converger en otra gran iniciativa Nacional de propulsar todas las iniciativas posibles, pero acertado es organizar e impulsar un gran Encuentro Nacional de Defensores de los DDHH para evaluar la situación y cerrar filas en torno a la PROMOCION, DEFENSA Y EDUCACIÓN EN Y PARA LOS DDHH frente a la sistemática violación de los DDHH en Venezuela.







COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LOS DDHH
BANDERA ROJA CONADDHHBR



JOSE ARAQUE
COORDINADOR NACIONAL
derechoshumanosbr1@gmail.com
VENEZUELA 2 DE JUNIO DE 2009
MERIDA